| | Indecopi investiga si se pusieron de acuerdo para elevar precios de este hidrocarburo entre US$ 14,28 y US$ 16,69 por tonelada métrica.
Una empresa chilena, Lipigas, estaría involucrada en la investigación del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) por un nuevo caso de colusión entre las empresas Lima Gas S.A., Repsol Gas del Perú S.A., Zeta Gas Andino S.A., Llama Gas S.A. y Forza Gas E.I.R.L.
Según las investigaciones, estas empresas habrían motivado un alza en los precios de este hidrocarburo de entre US$ 14,28 y US$ 16,69 por tonelada métrica.
Anteriormente, el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (OPECU) señaló que el usuario terminó pagando 156 196 ás por el producto.
Como se recuerda, en julio ya se había iniciado la investigación a estas envasadoras y comercializadoras de GLP por concertar los precios de este combustible para su uso doméstico y vehicular entre los años 2006 y 2011. Lima Gas, sin embargo, habría sido comprada por la empresa chilena Lipigas dos años después.
Cabe indicar que Lipigas opera en el mercado chileno con la entrega de soluciones energéticas de GLP y GNL para uso residencial, industrial, comercial y vehicular.
Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), confirmó que estos temas se tratan en la Comisión de Libre Competencia del Indecopi. Sin embargo, consideró que “resulta extremadamente difícil probar la colusión. Se requiere interpretar correos, documentos, entre otros. Es probable que Indecopi no dé más información al respecto, ya que se alertaría a los empresarios sobre la investigación, lo que les permitiría ponerse en guardia”.
De hecho, uno de los precedentes peruanos se destapó en el 2008, en Lima y el Callao: la concertación del precio del pollo durante los años 1995-1996, a manos de 12 empresas del sector avícola y la Asociación Peruana de Avicultura, se confirmó luego de más de una década de indagaciones. La multa por este caso terminó sobrepasando los S/. 4 millones.
Lo cierto es que, en Chile, este tipo de investigaciones las lleva a cabo la fiscalía y es el Poder Judicial el que da una sanción, que podría llegar hasta la pena privativa de la libertad.
En el Perú, por otro lado, la sanción por concertación de precios es tan solo administrativa. Esto equivale, en la práctica, a muchos años de investigación y una probable multa a las empresas responsables. | | | |
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